Published On: Dom, Feb 5th, 2017

IU advierte que “no hay muerte digna sin regular el suicidio asistido”

Llamazares dice que con la Ley de derechos al final de la vida se pierde la oportunidad de regular el suicidio asistido//

04-02-2017

El grupo parlamentario de IU se felicita de que finalmente la comunidad autónoma asturiana legisle sobre una materia tan delicada como es el final de la vida, los cuidados paliativos y las voluntades anticipadas. “Creemos, sin embargo, que se ha perdido la oportunidad de entrar a fondo en el tema, no solo porque no haya competencias por parte de la comunidad autónoma (porque hay que modificar el código penal para despenalizar el suicidio asistido), sino porque se hace una ley  administrativa y defensiva, fundamentalmente de medicina defensiva para los profesionales, cuando debería tener en el centro, fundamentalmente, los derechos de los ciudadanos y de los pacientes”, sostiene el portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares.

IU anuncia enmiendas en la tramitación parlamentaria de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, cuyo proyecto aprobó recientemente el Consejo de Gobierno. Para el portavoz de IU es importante no confundir esta ley con una ley de muerte digna. A su juicio “no hay muerte digna sin regular el suicidio asistido despenalizandolo”. En resumen, con esta ley se pierde la oportunidad de hacer algo más que una norma administrativa.

El Principado aprueba el proyecto de la ley de ‘muerte digna’

Esta semana el Principado ha aprobado el proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, conocida popularmente como Ley de Muerte Digna, que asegura la autonomía de los pacientes y ofrece mayor seguridad jurídica a los profesionales sanitarios.  La normativa pretende favorecer la voluntad de las personas en sus últimos momentos y respetar sus deseos recogidos en el documento de instrucciones previas. El texto deja fuera de la regulación cuestiones como la eutanasia o el suicidio asistido, cuyo abordaje correspondería al ámbito estatal.

Según ha informado en una nota el Principado la norma se aplicará, en el ámbito de la comunidad autónoma, a las personas que se encuentren en el final de su vida o que afronten decisiones relacionadas con este proceso, ya sea en su domicilio o en un centro sanitario. También regirá sobre sus familiares y representantes y al personal implicado en su atención, así como a los servicios y establecimientos sanitarios y de servicios sociales y a las entidades aseguradoras.

El planteamiento de la ley asume el consenso generado sobre los derechos del paciente en el proceso final de su vida, fuera del contexto de la tipificación penal vigente de la eutanasia o suicidio asistido, concebido como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. Estos aspectos son ajenos a la regulación que establece el proyecto, dado que su abordaje correspondería al ámbito estatal.

La necesidad de regular esta etapa vital se fundamenta en dos principios. Por un lado, la consolidación del respeto a la dignidad como valor intrínseco y base del respeto que todo ser humano merece, con independencia de su grado de autonomía o de conciencia. Y por otro lado, la seguridad jurídica para los profesionales sanitarios, de manera que puedan conocer con certeza cómo proceder y actuar para dar pleno cumplimiento a los deseos de la persona.

Derechos esenciales 

La norma se estructura en cinco títulos. El título preliminar establece las disposiciones y definiciones generales de la norma. El primero constituye el núcleo principal, al contemplar los derechos de las personas en el proceso final de la vida. Partiendo del reconocimiento del derecho a la dignidad, se reconocen derechos esenciales en esta fase, como recibir información asistencial, manifestar el consentimiento informado, otorgar instrucciones previas, gozar de acompañamiento, recibir cuidados paliativos integrales o tratamiento del dolor y administración de sedación paliativa.

De estos derechos se derivan una serie de deberes para los profesionales sanitarios, recogidos en el título segundo, que también desembocan en obligaciones para los centros e instituciones sanitarias y de servicios sociales en las que se presta asistencia, fijadas en el título tercero.

El título cuarto establece una serie de infracciones y sanciones por incumplimiento de la norma. Por último, se recogen cuatro disposiciones adicionales destinadas a mejorar la calidad a la hora de aplicar la ley.