Published On: Vie, Feb 24th, 2017

El Gobierno aprueba la  reforma que rompe el monopolio de la estiba

El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España, al entender que su régimen de estiba es contrario a la libertad de establecimiento//
El Puerto de Avilés.

El Puerto de Avilés. // AH.

24-02-2017

Fotos: Pool Moncloa/ JM Cuadrado

​El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, cumpliendo así una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que en la actualidad el servicio de estiba funciona a través de las SAGEP, que son sociedades privadas de gestión de trabajadores portuarios. Las empresas estibadoras tienen la obligación de ser accionistas de la SAGEP y solo pueden contratar estibadores que pertenezcan a estas sociedades. “Es el único sector económico en el que no existe libertad de contratación en este país”, ha subrayado.

El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España, al entender que su régimen de estiba es contrario a la libertad de establecimiento, y requirió una modificación legal para que las empresas no tengan que participar obligatoriamente en el capital de la SAGEP y puedan contratar libremente a sus trabajadores.

De la Serna ha subrayado que de no aprobarse esa reforma legal, una segunda sentencia condenatoria obligaría a España a pagar una multa de 134.107 euros diarios, “que saldrían del bolsillo de todos los españoles” y se sumarían a los 21,5 millones de euros de sanción ya acumulados.

El ministro ha recordado que el Gobierno lleva unos dos años negociando con los sindicatos y la patronal para incorporar sus requerimientos al Real Decreto Ley, con los límites que fija la Comisión Europea. La propuesta contempla la “máxima flexibilización” para mantener los derechos de los trabajadores.

Con este fin, la norma regula los centros portuarios de empleo que, según ha explicado el titular de Fomento, “vienen a ser unas ETT especializadas en las zonas portuarias”, aunque las empresas no tienen que acudir de forma obligatoria a ellos. Estos centros refuerzan las exigencias de profesionalidad y capacitación de los trabajadores, si bien no será exigible titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

El Real Decreto Ley contempla un periodo transitorio de tres años. Las empresas podrán contratar el 75% de trabajadores de la SAGEP en el primer año, el 50% en el segundo y el 25% en el tercero. El ministro ha recalcado que después “ya podrán contratar libremente a otros trabajadores, tal y como sucede en cualquier otro sector económico”.

Proceso de negociación colectiva

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (Foto: Pool Moncloa)Íñigo de la Serna ha concretado que, tras la aprobación de la norma, comienza el proceso de negociación colectiva, que puede durar hasta un año, para adaptar los convenios. A su juicio, se pueden alcanzar acuerdos para garantizar la estabilidad en el empleo y los derechos sociales de los trabajadores, por lo que el Gobierno ha ofrecido un mediador imparcial que “está dirigiendo la negociación”.

El Ejecutivo, ha añadido el ministro, “valora muy positivamente” que sindicatos y patronal estén sentados en la mesa de negociación y les pide que intensifiquen las reuniones que van a mantener en los próximos días porque está convencido de que pueden llegar a un acuerdo.

De la Serna también ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para que favorezcan la aprobación de la reforma de la estiba, dado que incumplir la sentencia de la UE dañaría gravemente la imagen del país y supondría una multa. “El acuerdo será más fácil cuanto menos ruido político haya y, evidentemente, cuanta menos presión sobre cualquiera de las partes exista”.

En este sentido, el ministro ha manifestado que “la convocatoria de la huelga aporta inestabilidad y presión a una mesa de negociación colectiva en la que hay que intentar mantener un clima de normalidad”.

Preguntado por las posibles consecuencias de la huelga o el trabajo ralentizado de los estibadores portuarios, De la Serna ha señalado que es responsabilidad del Gobierno establecer unos servicios mínimos que garanticen que no se produzca desabastecimiento. Además, ha alertado de que se corre el peligro de que las “decisiones temporales” que toman las empresas ante los anuncios de huelga “se conviertan en definitivas” y causen un daño general.

Impulso de las telecomunicaciones

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Foto: Pool Moncloa)El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado el texto de “pionero” y ha destacado que las modificaciones regulatorias que recoge facilitarán el despliegue de las futuras redes de comunicaciones móviles 5G y la instalación de dispositivos para el ‘Internet de las cosas’.

La norma contempla la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones pongan en común sus derechos de uso de frecuencias, lo que les permitirá ofrecer nuevos servicios, mejorar la cobertura e incrementar las prestaciones de velocidad y calidad de sus redes. Además, se simplifican los procedimientos para obtener autorizaciones de uso de las frecuencias, al tiempo que se aseguran las funciones de control e inspección y el cumplimiento estricto de los niveles de exposición radioeléctrica tolerable desde el punto de vista de la salud.

Otros acuerdos

También en el ámbito del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Ejecutivo ha aprobado el nuevo Reglamento de explosivos. El texto regula, por una parte, aspectos relativos a la seguridad ciudadana e industrial, como el almacenamiento, la distribución, el comercio, la adquisición, la tenencia y el uso de los explosivos con fines civiles. Por otra, establece medidas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

El Consejo de Ministros ha aprobado un tercer Reglamento, el de control de precursores de drogas, aquellas sustancias químicas que con ese fin pueden desviarse de su uso legal. “Es una prueba más, también pionera en Europa, del compromiso del Gobierno para luchar contra el tráfico de drogas y la drogadicción”, ha asegurado Méndez de Vigo.

Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado la concesión de las subvenciones anuales a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para sus gastos de funcionamiento. Al encontrarse prorrogados los Presupuestos del año 2016, las subvenciones suman la misma cantidad que el año pasado, 52,7 millones de euros, aunque el reparto entre las formaciones ha variado, ya que depende de los votos obtenidos por cada partido en las elecciones y del número de escaños resultante.

Lucha contra la violencia de género

Méndez de Vigo y De la Serna (Foto: Pool Moncloa)El Consejo de Ministros ha escuchado un informe que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha presentado sobre la violencia de género. El portavoz del Ejecutivo ha manifestado al comienzo de la rueda de prensa posterior al Consejo “el firme rechazo del Gobierno y de toda la sociedad española” a los asesinatos de mujeres que se han producido esta semana.

En la reunión del Gabinete, Dolors Montserrat ha explicado la evolución de los trabajos de la Comisión por un Pacto contra la Violencia de Género, en el que están de acuerdo todas las fuerzas parlamentarias. Además, la ministra se reunió ayer con los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y con el secretario general de Universidades para acordar la creación de un órgano permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia de género que analizará semanalmente la situación.

Méndez de Vigo ha añadido que la ministra va a proponer en el Senado la creación de una comisión interministerial con la misma finalidad; en ella, además del Ejecutivo, estarán representadas la Federación Española de Municipios y Provincias y, en turnos de dos, las comunidades autónomas.

El portavoz ha remarcado el aumento de las llamadas al teléfono 016, que ofrece información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género de manera confidencial, y ha animado a las víctimas y a los testigos de estas situaciones a que lo utilicen. “Estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando, y la voluntad que tiene el Gobierno es la de llegar a ese Pacto de Estado que constituyó uno de los compromisos del presidente en la sesión de investidura”, ha indicado.