Published On: Vie, Ene 20th, 2017

El Principado defiende “la limpieza en la adjudicación de subvenciones para formación”

El Gobierno de Asturias subraya que ·está personado en el procedimiento relacionado con UGT desde febrero de 2016·//

El Ejecutivo señala que “siempre dispuesto a colaborar con la justicia, ha atendido con diligencia todos los requerimientos de información planteados por la fiscalía”

19-01-2017

El Gobierno de Asturias ha emitido este jueves un comunicado oficial en el que subraya que “garantiza la limpieza en la convocatoria y adjudicación de las subvenciones para realizar acciones de formación para el empleo”. Añade que “en su obligación de velar por el buen uso del dinero público”, el Ejecutivo “está personado en el procedimiento relacionado con UGT desde febrero de 2016”. Sin valorar la operación realizada el martes por la Guardia Civil, el Gobierno precisa los siguientes puntos:

 

  1. El Gobierno siempre ha demostrado su disposición a colaborar con la justicia, tanto ante la investigación que ahora afecta a UGT como en casos anteriores. Así, el Ejecutivo ha atendido con diligencia todos los requerimientos de información y documentación que le han sido planteados.

 

  1. El procedimiento de convocatoria y adjudicación de subvenciones para realizar acciones de formación para el empleo es público y transparente. De acuerdo con la normativa, el Servicio Público de Empleo del Principado evalúa la calidad, eficacia y eficiencia de la formación que se imparte. También revisa el 100% de las ayudas públicas concedidas mediante la comprobación exhaustiva y plena de la documentación, incluido el soporte justificativo de los gastos. No se emplean, pues, técnicas de muestreo.

 

  1. El celo en el proceder del Gobierno se ha traducido en varias decisiones, de las que son muestra las siguientes:

 

    1. El Servicio Público de Empleo ha iniciado un procedimiento de revocación y reintegro por una cantidad no justificada adecuadamente, correspondiente a la subvención obtenida por el Instituto de Formación y Estudios (IFES) en la convocatoria de formación de 2011. El total (principal e intereses de demora) asciende a 403.504,25 euros. Esa resolución ha sido impugnada y está pendiente de sentencia.

 

    1. En una convocatoria de subvenciones públicas para 2013, el Gobierno aplicó a UGT una valoración de -20 puntos en el apartado de gestión económico-administrativa como consecuencia de una incidencia derivada del seguimiento de acciones anteriores. Esta decisión provocó que el sindicato presentase un recurso que se resolvió con una sentencia favorable a UGT. Después de otros pasos judiciales, finalmente el sindicato recibió una subvención de 498.958,20 euros.

 

    1. El 12 de mayo de 2015 tuvo entrada el primer oficio de la Fiscalía Superior que solicitaba la relación de todos los expedientes de concesión de subvenciones a UGT-Asturias. Ese oficio fue contestado el 21 de mayo. Desde entonces se han recibido sucesivos requerimientos, todos atendidos puntualmente en tiempo y forma. Posteriormente, el fiscal resolvió interponer una denuncia por los hechos investigados. Pues bien, los servicios jurídicos del Gobierno del Principado decidieron en febrero de 2016 personarse en dicho procedimiento. El Ejecutivo dio de este modo un paso más en su obligación de velar por el buen empleo del dinero público.

 

  1. El Gobierno desconoce los detalles que dieron lugar el martes al registro de las dependencias de UGT y a la detención temporal de varias personas. Por prudencia y por rigor, el Ejecutivo no entrará en juicios de valor sobre esa operación. Sí puede, en cambio, demostrar tanto la limpieza de su actuación como el cumplimiento escrupuloso de la normativa. También está fuera de duda su disposición a colaborar con la justicia y a continuar haciéndolo, sean cuales sean las circunstancias particulares de cada caso.

 

  1. El Gobierno comparecerá en la Junta General para ofrecer las explicaciones que le sean solicitadas, informar sobre la limpieza del procedimiento y debatir las características del mismo, evitando la descalificación política y la condena previa de las organizaciones sindicales.