Published On: Dom, Dic 4th, 2016

Podemos pide que el síndico mayor sea “destituido si no acata la sentencia del TSJA” 

El Grupo Parlamentario pedirá a la Junta la destitución  “si no acata la sentencia del TSJA restituyendo a los interinos despedidos”//

04-12.2016

El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies pedirá a la Junta General del Principado la destitución de Avelino Viejo como síndico mayor “si no acata la sentencia del TSJA restituyendo a los interinos despedidos en la Sindicatura de Cuentas a consecuencia de un concurso ilegal y convocando un nuevo concurso en el que para la provisión de los puestos de trabajo se tengan en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

“No contribuiremos a convertir la Sindicatura de Cuentas en un órgano que se limita a dar barniz protector a una administración que ni gestiona bien ni gestiona conforme a la legalidad. Que sea ahora la propia Sindicatura la que incumple sentencias judiciales y trata de burlar la ley sitúa a su responsable en una posición insostenible, ética y políticamente. Y sitúa también al Parlamento asturiano en la obligación ética y política de preservar el buen nombre del órgano fiscalizador y de la propia institución parlamentaria destituyendo a quien está al frente del mismo”, señala Podemos en un comunicado que continua asi:

“El 30 de mayo Podemos Asturies llamó al síndico mayor a comparecer en la Junta General para informar sobre la política de personal de la Sindicatura de Cuentas. En esta comparecencia, Avelino Viejo dijo sobre la contratación para los cinco puestos de técnicos de auditoría y ante el fallo del TSJA que los servicios jurídicos estaban estudiando dicha sentencia, que aún era reciente. El 7 de marzo el TSJA había anulado el concurso de méritos para la provisión de esos puestos, anulando también el cese de los funcionarios interinos que ocupaban dos de esos puestos y que fueron destituidos a consecuencia de ese concurso ilegal. La sentencia dice que la Sindicatura utilizó injustificadamente una modalidad excepcional del concurso de méritos denominada «concurso específico», la cual comporta la presentación de memorias y entrevistas que a la postre resultan decisivas para la selección de este personal público. El tribunal recordaba, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que la opción por el sistema extraordinario del concurso específico requiere una motivación expresa en la convocatoria, en la relación de puestos de trabajo o en la creación de los correspondientes puestos, justificando las razones por las que se opta por este sistema de provisión, y obligaba a realizar un nuevo concurso conforme a la legalidad vigente.

El BOPA del 29 de noviembre publicó una resolución dictada por el síndico mayor en la que se toma un atajo fraudulento para no hacer una nueva convocatoria del concurso de méritos anulado, añadiendo un párrafo con una definición del perfil de los puestos de técnicos de auditoría para eludir el cumplimiento de la sentencia del TSJA. Avelino Viejo incurre en un manifiesto fraude de ley o desviación de poder con el fin de perpetuar la libre designación, en este caso encubierta bajo la denominación de «concurso específico», una libre designación encubierta que a su vez manipula el espíritu y la letra de la ley, pues es un sistema ‘discrecional’. Y la discrecionalidad se pervierte aún más cuando, de forma inexplicable, los puestos de técnico de auditoría de la Sindicatura no se configuran en la relación de puestos de trabajo para personas del Cuerpo de Auditores, sino que se abre al conjunto de administraciones públicas del Estado sin tener en cuenta esa cualificación técnica y profesional. Pero es que además, para eludir el cumplimiento de la ley, se crean plazas de jefes de equipo de personal fiscalizador, reduciendo las de técnicos de auditoría, que son las necesarias para hacer el trabajo de campo.

El síndico mayor está al frente del máximo órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, es el alto cargo mejor pagado del sector público asturiano, con 72.000 euros al año, y su papel fiscalizador, garante de la legalidad, es incompatible con su actitud y con las decisiones que toma en lo relativo a la configuración, gestión y provisión de los puestos de la plantilla de la Sindicatura de Cuentas. Con estas decisiones fraudulentas corrobora lo que ya sospechábamos: que se intenta convertir la Sindicatura de Cuentas en un órgano dependiente directamente del poder político. Es necesario desvincular la influencia política de aquellos órganos cuyo papel es precisamente la fiscalización de la actuación del poder ejecutivo”.