Published On: Vie, Nov 4th, 2016

El juez desestima una reclamación de 8,7 millones del anterior concesionario del parking de La Exposición

Rechaza las pretensiones de la empresa “Aparcamiento Las Meanas”, excepto en el pago de los intereses del crédito que el Ayuntamiento solicitó para hacer frente a la indemnización recurrida//

 03-11-2016

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, ha desestimado la reclamación de la empresa “Aparcamiento Las Meanas” en la que solicitaba al Ayuntamiento el pago de una cantidad, que se estima en unos 8,7 millones de euros, adicional a la ya abonada en la liquidación del contrato de concesión para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de la pista de La Exposición. Dicha reclamación se hizo en concepto de valoración de las inversiones ejecutadas, del coste del proyecto de obras, de los gastos generales, del beneficio industrial, de los proyectos de seguridad y salud, de la actualización de los precios al IPC y del IVA. Y basan su solicitud en la cantidad que efectivamente “Aparcamiento Las Meanas” abonó a la constructora.

La empresa renunció unilateralmente a dicha concesión en marzo de 2013. Tras la renuncia, la sociedad formada por las empresas OGENSA y SADISA reclamó al Ayuntamiento una liquidación de 12 millones de euros más intereses en concepto de las obras de construcción del citado subterráneo. El equipo de Gobierno rebajó esta cantidad hasta  los  4,1 millones de euros, basándose en informes técnicos, jurídicos y económicos  sobre el coste efectivo de estos trabajos y sobre la liquidación del contrato. Para el pago de esta liquidación, el Ayuntamiento solicitó un crédito.

La empresa decidió recurrir (julio 2013) el acuerdo de liquidación del Pleno municipal (mayo 2013) y solicitó judicialmente la impugnación de dicho acuerdo.

Tras la sentencia, el coste para las arcas municipales se limita a hacer frente a los 1,7 millones de euros estimados como indemnización por los daños producidos en concepto del coste de los intereses del crédito solicitado en su día para hacer frente al pago de la liquidación de la concesión. Inicialmente, el Ayuntamiento pretendía atribuir este gasto financiero al anterior adjudicatario, pero el fallo judicial lo desestima al no ser un daño real y efectivo.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación

El concejal de Urbanismo, Luis Fernández Huerga, expresó su satisfacción con el fallo que, según sus palabras, “confirma nuestra posición de defensa de los intereses públicos del Ayuntamiento frente a las pretensiones económicas de la empresa”. Quiso reconocer “el trabajo de los servicios jurídico y técnico municipal tanto en el periodo probatorio judicial como a la hora de valorar la concesión”.

 

Coste de la obra ejecutada

Los servicios jurídicos municipales alegaron que, según los informes de los técnicos municipales, el coste de la obra efectivamente ejecutada no se corresponde con la cantidad pagada por la antigua concesionaria a la empresa constructora. Las certificaciones de obra se realizaron conforme al proyecto, pero no se ajustaban a lo realmente ejecutado, que fue inferior, dando lugar a un menor coste de ejecución y a un mayor beneficio. Esta diferencia entre lo realmente ejecutado y lo contabilizado asciende a 2,6 millones de euros. Para llegar a esta conclusión, los técnicos municipales midieron la obra realizada para determinar con precisión la obra efectivamente ejecutada y valorar las deficiencias apreciadas tanto en el interior del aparcamiento como en la plaza pública en superficie.

 

En este punto, el fallo judicial establece: “Acudir, sin más a los pagos que la concesionaria haya realizado a la constructora de las obras no resulta legítimo, pues esos pagos por sí solos no acreditan una inversión realmente realizada si no van acompañados de las correspondientes certificaciones de obra u otros pruebas o informes que acrediten su efectiva realización”.

 

El fallo recoge con claridad que “las pruebas practicadas en este contencioso, unidas a los informes técnicos que obran en el expediente, acreditan que la obra ejecutada no se corresponde con la proyectada ni, por ende, con la recogida en las certificaciones de obras”.

 

Se da la circunstancia de que en la relación de certificaciones remitida al Ayuntamiento por la empresa no se aportaron las de noviembre y diciembre de 2006 ni la de marzo de 2007. Por este motivo el juez considera “necesario acudir a la valoración de las obras realmente ejecutadas pues no se llegó a aportar por la concesionaria la liquidación de la obra ejecutada a pesar de que dicha documentación le fue solicitada”.

 

 

75 plazas

“Aparcamiento Las Meanas” también reclamaba el pago de las 75 plazas de garaje que fueron cedidas en uso en su día al Ayuntamiento con destino al depósito municipal de vehículos. En su momento, la concesionaria cobró por estas plazas 1,8 millones de euros, contabilizándolas como una venta.

 

El fallo del juez es también claro en este sentido y desestima esta reclamación puesto que “el concesionario no sólo ha recuperado el importe de la inversión realizada, sino que ha obtenido un beneficio. Si en la liquidación el Ayuntamiento abonara a la concesionaria el importe de la inversión realizada para la construcción de las citadas plazas de garaje, la demandante obtendría un enriquecimiento injusto al ver como se retribuía dos veces el mismo objeto”.

 

 

Defectos de obra

También desestima el juez la reclamación de la empresa de recuperar el importe de los  defectos de ejecución de la obra a los que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente en 2014 con un coste de 191.037 euros que fue repercutido en la liquidación del 2013.

 

Dice la sentencia en este punto: “ninguna tacha de ilegalidad puede hacerse a la actuación del Ayuntamiento, pues son los propios pliegos de cláusulas administrativas los que disponen que el plazo de garantía es de un año”.

 

Añade que “los desperfectos de la obra resultan acreditados a la vista del informe del Perito Judicial que asevera, sin margen alguno para la duda, que existen defectos de obra debidos a los asientos causados por materiales de relleno con una compactación indebida, lo que provocó una pérdida de funcionalidad severa del conjunto del pavimento y la ruina de la urbanización. También existen desperfectos derivados de la incorrecta ejecución de las juntas de dilatación”.

 

 

Otros gastos

Del mismo modo, “Aparcamiento Las Meanas” ve rechazada por el juez su pretensión de ser retribuida por los gastos generales, el beneficio industrial, el coste del proyecto y el estudio de seguridad y salud. Basa su rechazo en el hecho de que la resolución del contrato de concesión del aparcamiento no fue imputable a la Administración.

 

Tampoco se acepta la pretensión de la empresa de verse compensada por la actualización de los precios (“la actualización de la inversión es contraria a la legislación de contratos públicos, pues ésta habla de amortización de la obra” y “de llevarse a cabo, implicaría un enriquecimiento injusto al percibir una cantidad superior a la realmente invertida”), ni por la aplicación del IVA (“pues todos los elementos patrimoniales que han revertido -al Ayuntamiento- quedan afectos a una nueva actividad económica “).

 

 

Fallo del TSJA (2013)

Ya en marzo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) respaldó los argumentos municipales en el procedimiento judicial de la concesionaria del aparcamiento de La Exposición contra el Ayuntamiento.

 

El TSJA desestimó entonces el recurso de apelación que la sociedad -“Aparcamiento Las Meanas, S.A”- interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Oviedo, que en junio de 2012 había dado la razón al Ayuntamiento de Avilés.

 

Las pretensiones fallidas de la empresa eran resolver el contrato de gestión del aparcamiento subterráneo de La Exposición, entregarlo al Ayuntamiento de Avilés y a cambio obtener una indemnización de 28 millones de euros.