Published On: Mie, Oct 26th, 2016

Podemos dice que los inspectores de la OLAF ven fraude en la ampliación de El Musel 

Daniel Ripa afirma que durante su declaración en la Audiencia Nacional, los inspectores han esbozado “una presunta connivencia entre la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres”//

25-10-2016

“Los inspectores de la Agencia Antifraude han reiterado que existieron graves irregularidades, incluso fraude en la obra de ampliación del Musel antes de poner la primera piedra, así como presunta connivencia entre la Autoridad Portuaria de Xixón y empresarios para llevarlo a cabo”, ha manifestado este martes en Madrid el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa.

Durante su declaración este martes en la Audiencia Nacional, los inspectores han explicado que las actas que se han hecho públicas de los empresarios de la UTE Dique Torres “refuerzan su teoría de que, presuntamente, existió el intento de beneficiar a algunas de las empresas implicadas en la trama”, según Ripa.

De hecho, “la hipótesis de que la corporación Masaveu fue la principal beneficiada por la obra cobra fuerza”, considera el diputado autonómico de Podemos. “Parece ser que se tomó un acuerdo para la explotación de la cantera de Aboño (propiedad de HC y otros), a sabiendas de que no se iba a poder utilizar, lo que motivó que fuera necesario obtener el material en otras canteras, en concreto propiedad de la Corporación Masaveu en Tudela Veguín”, añade la formación morada en un comunicado.

“Supuestamente, la Autoridad Portuaria sabía desde el principio que la obra iba a beneficiar a la corporación Masaveu, produciendo un fraude masivo, fraude que ahora se refleja en las actas de los empresarios, hechos que la Autoridad Portuaria parece que trató de ocultar con informaciones contradictorias durante estos años”, señala Ripa.

La Agencia Antifraude considera que las actas de la UTE, que conocieron con posterioridad a su informe final, fortalecen los indicios que habían apuntado y sus conclusiones finales, según su valoración.

“Presuntamente, este ‘fraude planificado’ habría beneficiado, entre otros, a quien después recibió la medalla de oro de Asturies, Fernando Masaveu”, añade el comunicado de Podemos que contiene las declaraciones de Ripa.

Podemos señala que “Fernando Masaveu declarará como testigo el miércoles 2 de noviembre en la Audiencia Nacional junto al consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez”.

“La principal fortuna asturiana, la corporación Masaveu, y el principal banquero asturiano, nuestro Botín, entrarán como testigos aunque puede que salgan como imputados, explica Daniel Ripa.

El secretario general de Podemos Asturies considera que “estamos ante el caso de corrupción por excelencia del Partido Socialista asturiano. Hay que recordar que el entonces presidente y actual portavoz socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, asistió como invitado a la reunión en la que el Consejo de Administración adjudicó el contrato”.

 

Dossier de Podemos Asturies sobre las obras de ampliación de El Musel

¿Qué es el caso Musel?

Es la investigación judicial que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional sobre la adjudicación y sobrecostes en la ampliación del Puerto del Musel de Gijón, que se realizó entre los años 2005 y 2010, y por el que hay varios empresarios y altos cargos del PSOE imputados. De llegar finalmente a juicio, nos encontraríamos ante el mayor caso de presunta corrupción de la historia de Asturias y uno de los mayores acaecidos en España.

¿Cómo comienza el caso?

A mediados de 2014, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF), tras una denuncia de colectivos políticos y ecologistas, detecta una doble contabilidad y señala que podría haber connivencia entre políticos y empresarios en los escandalosos sobrecostes de la ampliación del Puerto. Realiza una acusación por delitos de malversación de fondos y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea (UE) y se niega a abonar las subvenciones comunitarias que había concedido para la obra. Meses después, la Dirección General de Política Regional y Urbana de la UE (Comunicación del 14 de Octubre de 2014) alerta de que el Estado español se está negando a investigar el caso y que se podría estar buscando la prescripción de los delitos. Ante la pasividad del Gobierno, el 2 de diciembre de 2014 el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), impulsado por dirigentes de Podemos, interpone denuncia ante la Audiencia Nacional. Esa denuncia fue aceptada en Enero de 2015 por el juez Javier Gómez Bermúdez.

¿De qué cantidades hablamos?

La ampliación estaba presupuestada en 500 millones de euros y los sobrecostes fueron de 247,5 millones de euros. La OLAF ha apuntado que fue el mayor fraude de Europa y que esa cantidad supuso una cuarta parte de todos los fondos comunitarios detraídos en casos de corrupción. Paralelamente, dentro del Puerto, el gobierno asturiano impulsó una regasificadora junto a Enagás, actualmente paralizada al ser declarada ilegal, con un coste de 380 millones de euros. La viabilidad económica del Puerto se ha visto como consecuencia profundamente resentida por un coste en ambos proyectos que ha superado los 1.000 millones de euros. El informe de 15 de Junio de Intervención General del Estado razona que los cálculos que sirvieron para justificar la ampliación del Musel estaban sobredimensionados intencionalmente y que la obra podría haber sido innecesaria. En la trama Gürtel, el perjuicio económico se ha cifrado hasta la fecha en “únicamente” 120 millones de euros.

¿Qué irregularidades se podrían haber cometido?

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que los sobrecostes podrían haber estado pactados entre políticos y empresarios desde antes de poner la primera piedra en la obra. Una prevaricación evidente. En total, se acusa a los imputados de prevaricación, fraude, malversación de fondos, cohecho, fraude a la Hacienda Pública y falsedad documental.

Entre los empresas investigadas se encuentran FCC, Dragados, FPS o Sato (que conformaban la UTE Dique Torres), Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) o la Corporación Masaveu, principal fortuna asturiana. El 2 de Noviembre declararán como testigos Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank, y Fernando Masaveu, de la Corporación Masaveu, que está acusada por la Abogacía del Estado de un fraude en el pago del IVA durante la obra por valor de 80 millones de euros.

¿Cuál es la vinculación del PSOE y de Javier Fernández en este caso?

La ampliación del Musel fue uno de los proyectos estrella del PSOE en Gijón y en Asturias. Entre 2005 y 2010, tanto el Ayuntamiento de Gijón como el Gobierno asturiano estaban en manos del PSOE. El presidente era Vicente Álvarez Areces, actual portavoz socialista en el Senado, y el secretario general del PSOE era Javier Fernández. En el Consejo de Administración, que abonaba 1.172 euros de dieta de asistencia a cada reunión, se encontraban varios consejeros del anterior y actual gobierno del PSOE y el portavoz del PSOE en Gijón. El propio Areces participó como invitado en el Consejo de Administración que aprobó la obra. Actualmente hay una decena de imputados, entre ellos dos altos cargos nombrados por el PSOE, el ex presidente, Fernando Menéndez Rexach, y el ex director general del Puerto, José Luis Díaz Rato, número 1 y número 2 del Puerto en esos años.

¿Cuál ha sido la reacción del PSOE tras comenzar la instrucción en la Audiencia Nacional?

De forma continuada han defendido a los acusados. La actual Consejera de Infrastructuras, Belén Fernández, y el portavoz socialista en Gijón, José María Pérez, fueron consejeros del Puerto. En Noviembre de 2015, nombraron como Director General del Puerto al número 3 durante la ampliación, José Luis Barettino. La Corporación Masaveu, que también aparece en la lista Falciani y en los Papeles de Panamá, recibió la medalla de oro de Asturias de manos de Javier Fernández en Septiembre de 2015. El gobierno asturiano y la Autoridad Portuaria de Gijón han obstruido la investigación, motivo por el que la policía judicial ha tenido que registrar durante horas la sede del Puerto de Gijón. PP, Foro, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos han criticado abiertamente en el Parlamento asturiano la actuación del gobierno ante el mayor fraude de Europa. El PSOE asturiano teme que por este caso puedan ser imputados otros dirigentes y ex dirigentes socialistas que se aprobaron la obra y los sobrecostes en el Consejo de Administración del Puerto de Gijón.

¿Cuál ha sido la cronología del caso?

Las irregularidades fueron múltiples. El 26 de julio de 2004, previamente a la licitación de la contratación, la Autoridad Portuaria de Gijón había llegado a un acuerdo con Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) por el que HC ponía a disposición del futuro adjudicatario de la ampliación del puerto de Gijón la cantera de Aboño (próxima al lugar de las obras y propiedad parcialmente de la empresa SATO) para el suministro de los materiales necesarios, principalmente piedra. Los licitadores podían elegir libremente cualquier cantera pero ésta, siendo la más cercana, resultaba la más económica. El 4 de enero de 2005 se adjudica, por unos 500 millones de euros más IVA, el contrato de ejecución de las obras de ampliación del puerto de Gijón a la UTE Dique Torres, conformada por las empresas Dragados, FCC, FPS, Alvargonzález contratas, y SATO. Los dos licitadores más caros, Dragados y Ferrovial, habían ofrecido respectivamente la misma cantidad. Al céntimo.

Posteriormente a la adjudicación, HC comunicó que le era imposible respetar el acuerdo alcanzado. Esto significaba el encarecimiento del contrato en más de 200 millones de euros. Las empresas utilizarían entonces la cantera de la principal fortuna privada asturiana, Tudela Veguín, propiedad de la familia Masaveu. Esta familia, muy cercana a Álvarez Cascos en su momento y ahora a Javier Fernández, es presuntamente la principal beneficiada por la obra del Musel. Paralelamente, durante la investigación se ha detectado un presunto fraude fiscal de esta compañía por valor de 80 millones de euros.

La OLAF señala que no fue posible determinar la cantidad de materiales empleados en las obras ni acceder a la información económica y que las autoridades no realizaron ningún control del origen, cantidades, o precio de los materiales facturados por la empresa adjudicataria y que supuestamente causarían los sobrecostes. La justicia investiga si estaba planificado de antemano el favorecer a las empresas de la trama, como apuntan los indicios.

Los indicios de ilegalidad son numerosos, pero quizás lo más llamativo y evidente es que un anónimo remite a la Fiscalía Anticorrupción 61 actas internas de la UTE Dique Torres que revelan que políticos y empresarios eran conscientes de la imposibilidad de realizar el proyecto desde el momento en el que se adjudicó. Así el 4 de enero de 2005 se adjudican las obras y en actas del Comité de Gerencia de Dique Torres, fechadas entre el 27 de enero de 2005 y el 25 de febrero de 2010, ya se refleja que resultaría imposible la realización de la obra conforme a los precios acordados en la adjudicación. La UTE Dique Torres comienza a facturar la piedra por un precio mayor desde abril de 2006. Sin embargo, hasta diciembre de 2007 no comienza a tramitarse el modificado, que no es aprobado definitivamente por la Autoridad Portuaria hasta 2009, con un sobrecoste de 247,5 millones de euros respecto al coste inicial. Es decir, se abonaban los sobrecostes, presuntamente pactados antes del inicio de la obra, incluso tres años antes de haberlos aprobado oficialmente.