Published On: Sab, Jun 11th, 2016

Villa Magdalena

 “Sorprende, al menos a mí, que la tasación de los peritos judiciales haya sido tan elevada y se acerque como una gota de agua a otra a las reclamaciones de la propiedad”

Vicente Bernaldo de Quirós

11-06-2016

Vicente Bernaldo 1   La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento de Oviedo a pagar una desorbitante cantidad de dinero por la expropiación de Villa Magdalena, no solo deja temblando las arcas municipales e impide que la política de inversiones prevista por el tripartito que gobierna la capital asturiana, sino que abre también un debate fundamental sobre las responsabilidades derivadas de una decisión y las repercusiones futuras para los nuevos gobernantes.
El caso de Villa Magdalena es antiguo y se remonta a los tiempos en los que Antonio Masip era el alcalde de la capital asturiana. Pero fue con su sucesor, Gabino de Lorenzo con quien el polémico asunto llegó a su máximo esplendor y que dio origen a la decisión judicial que ha caído sobre una losa en los pasillos consistoriales de Oviedo y entre las tres fuerzas que se sientan en el Gobierno local.
El asunto escuece, y no solo a los que ahora regentan el edificio de la plaza Mayor ovetense, sino a todos los ciudadanos de la capital, que sufrirán las consecuencias de la sentencia, porque se verán obligados a aplazar las inversiones necesarias para el municipio y se preguntan todos si esta situación no había podido ser resuelta de otra manera. Sorprende, al menos a mí, que la tasación de los peritos judiciales haya sido tan elevada y se acerque como una gota de agua a otra a las reclamaciones de la propiedad. Pero como un servidor no es experto en cuestiones de cálculo en expropiaciones, prefiero estar atento a lo que dicen los profesionales independientes que, por el momento, no se han manifestado.
Habrá que ver, por tanto, si la auditoría anunciada por el ayuntamiento ovetense y que llevará a cabo un especialista de la Universidad asturiana respalda las tesis que desde la izquierda anuncian un claro pelotazo urbanístico que favorece a la familia de Rodrigo Rato y que fue autorizado por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Se trata, con este método, de intentar imputar la responsabilidad patrimonial de esta operación, que mermará en 60 millones de euros, las arcas del concejo, El objetivo confeso del concejal encargado del área de Economía, Rubén Rosón, de Podemos, es que Gabino de Lorenzo, como antiguo alcalde, y Agustín Iglesias Caunedo, como su sucesor, paguen de su propio bolsillo el descalabro económico que representa cumplir la sentencia.
Las iras de muchos ciudadanos de la capital se dirigen contra el actual delegado del Gobierno. Extraña que Gabino de Lorenzo no haya salido a la palestra para defender su gestión o para explicar las razones por las que ha llevado a la Casa Consistorial a sufrir esta debacle. El ex dirigente del PP prefiere dedicarse a otros menesteres más prosaicos como doblegar la cerviz a un concejal por poner en el balcón de su despacho municipal una bandera republicana, como una especie de venganza contra un consistorio en que su partido jamás va a gobernar, salvo cataclismo nuclear.
Tendremos todos que estar atentos a como se van a desarrollar los acontecimientos a partir de ahora. No se descarta que Oviedo demande a su anterior alcalde y le exija el pago del dinero o una pena de prisión, aunque es bien sabida la habilidad de Gabino de Lorenzo para salvarse del banquillo de los acusados, tras las muchas querellas que le fueron interpuestas en sus cinco mandatos con mayoría absoluta. Y eso que en algunas parecía que el hombre era carne de Villabona