Published On: Lun, Dic 21st, 2015

Una ex Jefa de Medio Rural acusada de intervenir en la adjudicación de contratos a la empresa de su marido

El Ministerio Fiscal le atribuye adjudicaciones que suman 736.152,4 euros// 

El juicio se celebrará igualmente contra su esposo y un tercero, administrador solidario de la entidad// 

21.12.2015

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de una ex Jefa de Servicio de Medio Natural del Principado, acusada de intervenir en la adjudicación de contratos a la empresa de su marido. El Ministerio Fiscal le atribuye adjudicaciones por valor de 736.152,4 euros. El juicio se celebrará igualmente contra su esposo y un tercero, administrador solidario de la entidad desde diciembre de 2009.  

La acusada fue nombrada Jefa de Servicio de Medio Natural, dependiente de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje del Principado de Asturias, por resolución de 15 de febrero de 2008. A su vez, el acusado marido de la anterior, constituyó una sociedad  el 9 de enero de 1989, siendo socio mayoritario de la misma y administrador único hasta el 22 de diciembre de 2009, cuando pasó a ser administrador solidario, junto al acusado. El objeto social de la sociedad lo constituye, entre otros de la misma naturaleza, las “explotaciones agrarias mediante plantaciones y venta de cultivos de todas clases, ya sean plantas agrícolas, forestales, con destino ornamental y alimentación, o de otras clases que se determinen”.

El Ministerio Fiscal sostiene que el matrimonio formado ocultó su relación y que ella intervino en el desempeño de sus funciones como Jefa de Servicio de Medio Natural en alguna o algunas de las fases de seis expedientes de adjudicación, ejecución y abono de los contratos a la empresa de su marido (socio mayoritario y administrador) y el tercer acusado. La Fiscalía mantiene que lo hicieron a sabiendas de, por un lado, la obligación de abstenerse que le afectaba a ella por razón de su cargo, prevista en el artículo 28.b de la LRJAP, por razón de su parentesco por afinidad en primer grado con el administrador de la empresa, y por otro, de la prohibición de contratar en la que, precisamente como consecuencia de esa relación de parentesco, incurría la entidad y que, de haberse conocido, hubiera sido apreciada directamente por el órgano de contratación.

La Fiscalía la acusa de un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos del artículo 439 del Código Penal (redacción anterior a la L. O. 5/2010, de 22 de junio), en relación con el 74, y de un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392 en relación con el 390.1.2º y el 74, ambos en concurso medial. En este último delito concurre la agravante del artículo 22.7 del Código Penal (prevalerse del carácter público que tenga el acusado).Y solicita que se le imponga una condena de 2 años y 5 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este mismo espacio de tiempo, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 4 años y el pago de multas que suman 9.600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.