Published On: Vie, Dic 18th, 2015

Las 5 medidas fiscales de Podemos para pactar el presupuesto en Asturias

 

La formación morada defiende la modificación de la escala autonómica del IRPF que reduzca la carga fiscal de aquellos ciudadanos cuyos ingresos se sitúan por debajo de los 60.000 euros//

18-12-2015

A continuación exponemos las propuestas de Podemos en materia de fiscalidad y anticorrupción entre otros planteamientos  para llegar a un posible pacto de los presupuestos de 2016.

Podemos aporta también, “a la espera de algún documento escrito por parte de la FSA que concrete su respuesta, las impresiones trasladadas por el Gobierno de Javier Fernández”.

Podemos propone una reducción de la presión fiscal sobre quienes han sufrido la presión social de la crisis sobre sus espaldas:

  • Tramo autonómico del IRPF: Modificación de la escala autonómica del IRPF que reduzca la carga fiscal de aquellos ciudadanos cuyos ingresos se sitúan por debajo de los 60.000 euros. Por ello, proponemos una escala tributaria con dos nuevos tramos, que dotarían al impuesto de una mayor progresividad y eficacia redistributiva. Esto significaría una clara reducción de la carga fiscal para las personas con ingresos por debajo de los 60.000 €.
  • Patrimonio: Por su naturaleza este es el único impuesto existente sobre la riqueza. Reducción del mínimo exento de los 700.000 euros actuales a 500.000 euros. Modificación de la escala tributaria del impuesto que haga que los patrimonios por encima de 2 millones de euros contribuyan adecuadamente (actualmente se hace a partir de los 10 millones de patrimonio).
  • Transmisiones patrimoniales: Reducción de los tipos impositivos para viviendas medias asturianas con bajada del 8% al 6,5% en viviendas de hasta 175.000 €. Esta medida contribuiría sin duda a la reactivación del mercado inmobiliario y a la posibilidad de acceso a la compra de vivienda por parte de las rentas más bajas, con lo que no verían reducidos los ingresos a través de este impuesto sino simplemente mejor repartidos. Como sucede con el Impuesto sobre el Patrimonio, el Gobierno de la FSA no termina de asumir la realidad económica de la mayoría de la ciudadanía asturiana. Resulta inaudito que no distingan entre el valor de una vivienda media de una familia trabajadora asturiana en la Tenderina, en Pumarín o en cualquier barrio de Avilés que, con la escala actual, su transmisión resulte gravada igual que una vivienda residencial de 300.000 euros.
  • Sucesiones: Miles de asturianos y asturianas, con herencias procedentes del esfuerzo de sus mayores, han tenido que soportar el carácter confiscatorio del “error de progresividad”, que por superar un euro los 150.000 € gravaba la herencia en una cantidad desmesurada. El daño hecho a las personas que fueron castigadas por este impuesto abusivo ya es irreparable, pero la solución que se ha planteado para la corrección del salto dista de ser satisfactorio. Dicha solución consiste en establecer para los grupos de parentesco I y II una escala únicamente con cinco tramos, limitando así en gran medida la progresividad del impuesto. La reforma del impuesto de sucesiones debería contemplar la modificación de la escala del patrimonio preexistente, esto es, mejorar la progresividad de los índices correctores de quien ya era rico antes de heredar. Desde PODEMOS entendemos que se debería bajar el Impuesto de Sucesiones para las personas que lo que heredan es aquello que procede del esfuerzo de sus padres y abuelos, y hacer que el impuesto sirva para dinamizar en alguna medida el empleo y el mercado de la vivienda de alquiler.
  • Hidrocarburos: El “céntimo sanitario”, en rigor, ni es un céntimo -son más de cuatro- ni es sanitario, porque jamás se han destinado a la Sanidad. Planteamos una rebaja temporal de un 25% de este impuesto para verificar la evolución del consumo de hidrocarburos en Asturies.Planteamientos de la FSA:
    • Consideran que hay escaso margen para hablar de fiscalidad. Eso hubiera sido posible, según la FSA, antes de la presentación del proyecto de presupuestos. Sin embargo, la FSA no nos contactó para hablar de este tema hasta tres días antes de presentar los presupuestos, cuando apenas había margen de actuación. Después de ese plazo, los presupuestos estaban presentados y sólo había lugar para una enmienda a la totalidad.
    • Valoran realizar un estudio que podría dar pie a una ley dentro del primer semestre si no implica una variación de los ingresos. En caso contrario, se aplazaría hasta 2017 cualquier reforma.
    • No concretan más medidas fiscales relacionadas con la gestión medioambiental más allá de tasas como las que afectan a las “bolsas de plástico”. Son necesarias, a nuestro juicio, otras medidas mucho más eficaces para atajar la contaminación y los problemas medioambientales que padecemos en Asturies.

     

    2. Anticorrupción

    La lucha contra la corrupción es la mejor inversión para recuperar recursos que puedan redirigirse hacia la reactivación económica.

    • Ley Anticorrupción. PODEMOS ha registrado una ley que ofrece garantías de que casos como el de los sobrecostes del Musel, el “caso Marea” o la trama del Agua puedan evitarse en el futuro. De ello se encargaría un organismo compuesto por tres inspectores anticorrupción -y una oficina virtual anticorrupción independientes del Gobierno autonómico- que tenga potestad para investigar la corrupción en la Administración.

    Planteamientos de la FSA:

    Este es uno de los puntos que más ha dificultades de entendimiento ha planteado ya desde el proceso de investidura.

    • Rechazan comprometerse a aprobar una Ley Anticorrupción. La oficina propuesta por FSA-IU no sirve de apoyo a la labor de la judicatura ni se garantiza su independencia respecto al gobierno.
    • La FSA, después de haber votado contra la tramitación de la Ley de Cuentas abiertas impulsada por PODEMOS, nos redirecciona a su propuesta de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, para la que en la sección 31 del presupuesto han consignado 200.000 euros. Están dispuestos a consignar 150.000 euros más a partir de una enmienda conjunta.
    • Creemos que una cosa es hablar de transparencia y buen gobierno, que asegura una buena gestión y control público, y otra una ley anticorrupción que previene y actúa.

     

    3. Eficiencia del sector público y privilegios de altos cargos

    La modernización de la administración es garantía para prestar mejores servicios y un complemento imprescindible a la lucha contra la corrupción.

    • Bajada salarial de altos cargos en un 10% para presidente, consejeros y viceconsejeros; 7% para altos cargos de la Administración.
    • Reducción del personal de libre designación política (Gobierno autonómico y Junta General) en un 10% en 2016 para destinarlo a gasto social.
    • Eficiencia administración: existe dinero público que se está perdiendo en la administración paralela:
      • Es imprescindible comenzar por auditar la eficiencia de los 19 entes que la Fiscalía ha investigado por contratación ilegal de trabajadores y garantizar la exposición detallada de todos los gastos, inversiones y deuda de las entidades conectadas con el IDEPA (Asturex, SRP, etc).
      • Algunos entes de la administración paralela tienen que suprimirse, como Gispasa.
      • Reducción transversal de salarios de altos cargos y del número de altos cargos en la administración paralela: 20% menos de altos cargos en la administración paralela.
    • Salarios dignos para los empleados públicos: los recursos economizados permitirán recuperar los salarios de empleados públicos (laborales) que actualmente están cobrando por debajo de su convenio colectivo.

    Planteamientos de la FSA:

    • Rechazan cuestionar los privilegios de los altos cargos o de los miembros del gobierno.
    • Rechazan reducir el número de personal de libre designación.
    • Plantean la alternativa de “estudiar la eficiencia de la administración paralela, definiendo qué empresas empezamos a analizar y marcándonos plazos para estudiarlas y ver cómo aumentar la eficiencia”.

     

    4. Derechos sociales, laborales y rescate ciudadano

    La consolidación de derechos, y no sólo paliar los efectos de las políticas de austeridad, es clave para garantizar un horizonte de futuro en Asturies. Los bancos tuvieron un rescate del que la ciudadanía no se ha beneficiado.

    • Procedimiento de Emergencia Ciudadana: Reducción de los plazos de tramitación de TODAS las cuestiones presupuestarias que tengan que ver con necesidades sociales. PODEMOS defiende la obligatoriedad de prioriza la tramitación de esas necesidades sociales. Proponemos que todas las personas cobren primero, no solo las entidades, y eso se asegura a través de una ley.
    • Paga extra a los empleados públicos: Abono en 2016 de importe pendiente de la paga extra sustraída a los empleados públicos.
    • Sanidad: De los 156 millones que aumenta el presupuesto sanitario, 106 se destinan a suministros, de los cuales 64 son para farmacia hospitalaria e implantes, que ven aumentada su asignación por encima del 40%. Mientras, el Gobierno pretende destinar tan sólo 25 millones más a la contratación de nuevo personal, alza que no llega ni al 5% de lo presupuestado anteriormente. Y lo que es peor, de estos 25 millones, 20 corresponden a contrataciones eventuales y sólo 5 a personal fijo. Para acabar con unas listas de espera estructurales son necesarias soluciones estructurales, esto es, reforzar la plantilla para aumentar la capacidad del sistema. Por eso PODEMOS pone sobre la mesa un aumento de 35 millones más en contratación de personal fijo y también para sustituciones que han de salir de la reducción del gasto farmacéutico. De esta manera, además de ganar en resolución y aliviar las listas de espera, se reduciría la alarmante situación de precariedad que castiga a la plantilla y que ahuyenta al personal sanitario de Asturies.
    • Deuda: Es fundamental conocer el estado actual de la deuda, que supone el 10% de todo el presupuesto. Debe hacerse publicarse a qué entidades se le debe y qué tipos de interés se están aplicando.

    Planteamientos de la FSA:

    • Acerca de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, se propone una enmienda conjunta que cree una disposición adicional en el presupuesto. Esto priorizaría alguna cuestión social, pero mantendría el límite de la ley de estabilidad financiera, establecida en función de la modificación del artículo 135.
    • Consideran que no hay disponibilidad presupuestaria para recuperar la paga extra de los funcionarios en 2016.
    • La FSA propone que, tras dicha enmienda conjunta, todas las subvenciones nominativas sociales se puedan abonar en el primer trimestre de 2016. Resulta positivo y es algo que se hubiera debido hacer siempre, pero  nosotros queremos priorizar por ley el pago de cuestiones sociales.
    • Gasto farmacéutico: La propuesta de presupuestos va en la dirección opuesta a lo que necesita la Sanidad asturiana. No hemos recibido aún la documentación que les habíamos pedido en este gasto, que supone un 10% del presupuesto.
    • Deuda: No hemos recibido todavía la información relativa a la deuda del Principado.