Published On: Mar, Jul 28th, 2015

Podemos Asturias teme que la venta de Telecable responda a “intereses especulativos”

 

Según Podemos, esta adquisición “puede ser un paso intermedio previo a una ulterior venta a otro operador nacional o extranjero”//

Telecable.es

Telecable.es

R. D.

28-07-2015

Podemos Asturias teme que la venta de Telecable “responda a intereses especulativos”. El grupo parlamentario de esta formación ve con “preocupación” el anuncio de la compra del 100 por ciento de Telecable por el grupo británico Zegona Communications.

Telecable es la primera adquisición por parte de un proyecto que dicha empresa británica -que realiza, según la información remitida en la Bolsa de Londres, operaciones de compra, reestructuración y venta (buy-fix-sell) en el sector de las telecomunicaciones en Europa-, pretende desarrollar a diez años vista y, en palabras de su consejero delegado, Eamonn O’Hare, planea conservar la compañía entre tres y siete años, “lo que puede a puntar a que nos encontremos ante un paso intermedio previo a una ulterior venta a otro operador nacional o extranjero”.

La formación muestra también preocupación por las condiciones laborales de las personas que forman parte de la plantilla, las condiciones mercantiles de la red de proveedores, especialmente pymes, y los derechos de los consumidores. “No creemos en un desarrollo económico generado a partir de operaciones bursátiles que no aporten más valor añadido que una mera liquidez temporal de fondos. El desarrollo de una posición de mercado fuerte no está reñido con la responsabilidad empresarial”.

Valoración de Podemos Asturias:

“Desgraciadamente, detrás de la mayor parte de los fondos de inversión se esconden caras habituales en el aprovechamiento de recursos públicos a través de redes de contactos políticos y en el desmantelamiento de empresas rentables y que posteriormente fueron descapitalizadas a través de jugosos dividendos a sus accionistas. En España, el modus operandi es claro, se conquista a la opinión pública con cifras millonarias de inversión que, a los pocos meses, vuelven a los inversores en forma de dividendos desproporcionados a costa de incrementar la deuda de la empresa comprada.

Así sucedió ya en 2012 con Telecable y el fondo Carlyle (la deuda de Telecable se multiplicó por diez en apenas un año). Hay que recordar que los principales accionistas y fundadores de Telecable fueron Cajastur e Hidroeléctrica del Cantábrico, dos entidades con capital público que fueron privatizadas en la última década. En 1999, cuando era una empresa semi-pública, Telecable recibió una polémica subvención con cargo a los fondos mineros de 511 millones para elaborar fibra óptica. Ninguna otra empresa del sector ha solicitado ayudas similares para su actividad. El entonces director general de su consejo de administración, Juan Cofiño, había sido diputado autonómico durante veinte años, consejero del Gobierno de Trevín y uno de los apoyos de Javier Fernández cuando se aupó en el año 2000 a la secretaría general de la FSA.

En diciembre de 2011, el fondo de inversión de capital riesgo Carlyle formalizó la compra del 85% de Telecable y pagó 340 millones de euros a Liberbank (la antigua Cajastur), que se quedaba solo con un 15%. A los pocos años, esta empresa se descapitalizaba e incrementaba su deuda para favorecer los dividendos y ganancias del grupo inversor que la había adquirido. El consejo de administración de Telecable aprobó en 2013 el reparto de un dividendo extraordinario de 209 millones de euros. Para pagarlo, la empresa pidió un crédito sindicado de en torno a los 200 millones de euros. Como consecuencia de ello, el nivel de endeudamiento con entidades de crédito se multiplicó casi por diez, pasando de 23 millones al cierre de 2012 a 220 millones de euros en 2013, de los que 208 millones son a largo plazo.

Son casos en los que vemos cómo empresas que en su día fueron públicas acaban no sólo pasando a manos privadas, sino que además se las descapitaliza en favor de fondos de inversión que no pagan sus impuestos en España. Una vez expoliado su patrimonio neto, se venden maquilladas a otros fondos o, directamente, se amenaza con su liquidación y cierre, previo chantaje en torno a los puestos de trabajo directos e indirectos ejercido sobre las administraciones local o autonómica, las cuales suelen ceder y acaban inyectando fondos públicos para ‘rescatar’ a la empresa cuando ya es demasiado tarde o como peaje para que la actividad se siga efectuando en el mismo territorio.

En su comunicación a la Bolsa de Londres en marzo de este mismo año, Zegona Communications puso de manifiesto su afán inversor en este tipo de negocios, pero con intenciones no precisamente de desarrollo de mercado, sino de rentabilidad para los accionistas. Asimismo, Zegona considera plazos de rentabilidad demasiado cortos para políticas de marca y de mercado sostenibles en términos de vida laboral de sus trabajadores. Comunicando plazos «entre tres y siete años» para la desinversión, es difícil creer que estamos ante una apuesta por los recursos productivos; estos plazos suelen corresponder más bien a estrategias de rentabilidad para accionistas. Una apuesta en la economía real, para generar realmente valor añadido en el territorio receptor de la inversión (en este caso Asturies), tendría el foco puesto en la generación de sinergias con otras compañías del grupo, la consolidación y el posicionamiento estratégico de marcas, la fidelización de segmentos, la explotación de nuevos nichos de mercado, la evolución de nuevas tecnologías de la comunicación o el desarrollo de nuevos productos derivados de la investigación. Todo ello requiere plazos más amplios de los comunicados por este fondo, por lo que es difícil creer que la operación responda a criterios que puedan tener un impacto positivo en el tejido productivo y, por tanto, en trabajadores, proveedores y consumidores y consumidoras.

En Podemos Asturies esperamos que esta compra no responda a ese tipo de operaciones especulativas y que el nuevo accionariado tome decisiones inteligentes para desarrollar una marca que constituya no sólo un referente de desarrollo y rentabilidad en nuestra comunidad autónoma, sino también de ética y responsabilidad con la plantilla, las empresas proveedoras y la ciudadanía consumidora. Ante la ausencia de información por parte del Gobierno autonómico, reclamamos su posicionamiento a favor del mantenimiento de la operadora en Asturies, así como de todos los puestos de empleo”.